DAMASCO. “El régimen niega el derecho a la atención médica de cualquier combatiente de la oposición o civil que viva en una zona no leal. En caso de llegar a un hospital, los hacen desaparecer”, denuncia un experto en cooperación consultado con una dilatada experiencia sobre el terreno. “Los directores de hospitales privados están amenazados de muerte”, asegura este experto que relata lo ocurrido hace una semana en un pequeño centro de la capital en el que se atendía a tres milicianos. La Inteligencia se enteró y “les ejecutaron en la cama de un tiro en la cabeza, mataron también a la enfermera que les atendía”, información que ha obtenido a través de un testigo directo que le mostró las fotos del suceso.
En el Hospital Central de la capital, sin embargo, los médicos niegan cualquier tipo de coacción y aseguran que “atendemos a todos los que llegan sin preguntar si son de un bando o de otro”. La situación ha obligado a los médicos a convertirse en expertos en el tratamiento de heridas de bala o de esquirlas y en el cuidado de enfermos con politraumatismos causados por el derrumbe de edificios a causa de los bombardeo.
Víctima de un coche bomba atendida en el Hospital Central de Damasco. (M.A)
“Los milicianos o civiles heridos en una zona hostil se niegan a ser derivados a los hospitales de Damasco por miedo a represalias”, aseguran los voluntarios de la Media Luna Roja, que mantienen puestos médicos avanzados en zonas conflictivas y subrayan la importancia de las “clínicas clandestinas y hospitales de campaña en casas y escuelas como única forma de recibir atención sanitaria para la gente que está en el otro bando, si se les ocurre poner un pie en hospitales públicos o privados de la capital son considerados combatientes”. Clínicas como la que montó Médicos Si Fronteras de forma temporal durante el inicio de los combates en la principal ciudad del norte del país. Las autoridades “no distinguen entre opositores armados y no armados, para ellos todos somos terroristas y mientras no establezca la diferencia no habrá solución posible”, lamenta un activista que se muestra tan crítico con “la estrategia del ESL de combatir en zonas civiles, como con la política de castigo colectivo aplicada por el régimen”.
